Revista

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

En el mismo se recoge la obligatoriedad para las entidades de crédito de implantar, en el plazo de 1 mes, un mecanismo interno para tramitar las reclamaciones que reciban sobre esta cuestión. Además deben informar a todos los afectados por estas cláusulas en sus préstamos hipotecarios, siempre que se trate de consumidores, dando a conocer el sistema de reclamaciones implantado.

En el art. 3 del Real Decreto se recoge que esta vía es siempre voluntaria para los consumidores, y debe iniciarse dirigiéndose a la entidad para exponer su caso. El plazo para recibir respuesta y poder llegar a un acuerdo extrajudicial es de 3 meses. La entidad debe proporcionar al cliente el cálculo debidamente justificado y desglosado de las cantidades que le corresponde reclamar desde que entró en juego la cláusula suelo. Pero hay que tener en cuenta que debido a la presión ejercida desde el sector bancario antes de la tramitación de este Real Decreto, las entidades tienen la posibilidad de responder que consideran no procedente devolver ninguna cantidad y por tanto no dar al consumidor información sobre el dinero que le corresponde recuperar. En caso de que la entidad haga una oferta al cliente, éste tiene derecho a examinarla y valorarla en un plazo de quince días.

Otro punto criticable del decreto-ley aprobado, es la posibilidad de que en la negociación con el consumidor las entidades oferten otro tipo de medidas compensatorias por las cantidades que adeudan, como pueden ser productos bancarios de distinta naturaleza (desconocemos si esta vez ofrecerán utensilios de cocina o menaje para el hogar). En todo caso deberá informarse al consumidor de las implicaciones de esa oferta y tendrá que manifestar expresamente que conoce y acepta la sustitución de la cantidad en efectivo por otra clase de compensación.

En conclusión, para reclamar la nulidad de la cláusula suelo a día de hoy existen dos posibilidades:

En cualquiera de los dos casos, recomendamos contar con la la asistencia de expertos en reclamaciones bancarias siempre con anterioridad a la firma de cualquier tipo de acuerdo con las entidades bancarias, para valorar con conocimiento real de la situación las distintas opciones que se presentan.

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A partir del 1 de enero de 2017 va a ser muy difícil aplazar el Impuesto sobre el Valor Añadido e imposible aplazar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

El Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE 3-12-2016), entre otras modificaciones normativas, lleva a cabo dos relativas a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Concretamente, el citado Real Decreto-ley confiere nueva redacción a los artículos 60.2 y 65.2 LGT.

1. Pago en especie de la deuda tributaria (art. 60.2 LGT)

En relación con el art. 60.2 (pago en especie de la deuda tributaria), aunque se da nueva redacción a todo él, la modificación supone realmente sólo la adición de un segundo párrafo al anteriormente único párrafo del precepto. La comparación entre ambas regulaciones es la siguiente:

La voluntad del precepto es clara. La inadmisibilidad del aplazamiento o fraccionamiento de determinadas deudas tiene por objeto reforzar el pago en efectivo de las mismas, que se vería frustrado si la vía del pago en especie, pese a la citada inadmisibilidad, estuviera abierta.

Como es obvio, la imposibilidad de pago en especie se predica de todos los supuestos de inadmisibilidad del art. 65.2, no solamente de aquellos introducidos por el RDL 3/2016.

2. Inadmisibilidad de aplazamiento o fraccionamiento (art. 65.2 LGT)

Por lo que respecta a los supuestos en los que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento resultarán inadmisibles (art. 65.2 LGT), el real decreto-ley se suma a la tendencia de los últimos tiempos (Leyes 7/2012 y 34/2015) de ir ampliando su elenco. Concretamente, la actual modificación supone introducir tres nuevos supuestos de inadmisibilidad y modificar el contenido de uno preexistente (retenciones e ingresos a cuenta).

Respecto de los nuevos supuestos, cabe hacer los siguientes comentarios:

• Deudas recurridas y suspendidas, finalmente confirmadas: La suspensión normalmente habrá sido mediante garantía, luego una vez notificada la necesidad de pagar la deuda, tras alcanzar ésta firmeza, lo propio es proceder al cobro voluntario de la misma o, en su defecto, mediante la ejecución de dicha garantía. De ahí que no tenga razón de ser su aplazamiento o fraccionamiento. Aunque la medida operará tanto si ha habido garantía como si no.
• Tributos que deban ser repercutidos: Afecta, principalmente, al IVA, aunque también a otros tributos que por ley deban ser objeto de repercusión (ej; II.EE.). La razón de ser de esta modificación es la poca justificación que siempre ha tenido aplazar o fraccionar el pago de unas cantidades que, en la medida en que el sujeto pasivo actúa de intermediario en su recaudación frente a la Hacienda Pública, ya obraban en su poder. De ahí la excepción, lógica, en caso de que no obren efectivamente en su poder, por haber sido repercutidas pero no cobradas. En el caso del IVA, como la liquidación periódica compensa en su seno cantidades repercutidas y soportadas, se plantea el problema de un eventual divorcio entre la cantidad a ingresar y la cantidad repercutida. En principio, cabe entender que es el saldo a ingresar de la autoliquidación lo que no resulta aplazable ni fraccionable.
• Pagos fraccionados del IS: Ya a finales de 2015, el Departamento de Recaudación estableció criterios restrictivos para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago relativos a este tipo de deudas. Tratándose de grandes empresas, debían denegarse sistemáticamente y en los demás casos, en su mayor parte. Se trata de un criterio que, tras la entrada en vigor del nuevo contenido del art. 65.2, queda derogado. En este sentido, la reforma normativa ha ido más allá (inadmisión) de lo que establecía el criterio administrativo (denegación).
• Retenciones e ingresos a cuenta: la razón técnica que justifica su modificación es la misma de los tributos repercutidos. En cuanto a su contenido, hasta ahora cabía inadmitir la solicitud o, si concurrían las circunstancias del art. 82.2.b) de la propia LGT (riesgo de que, a pesar de la carencia de bienes suficientes para garantizar la deuda, la ejecución del patrimonio del deudor pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública) concederla. A partir de ahora no resulta aplicable, en ningún caso, la excepción del citado art. 82.2.b). Del esquema inadmisión/concesión se ha pasado, pues, al de inadmisión en todo caso.

En conclusión, aunque existían razones fundadas, de índole técnica, para la ampliación de la inadmisibilidad del aplazamiento o fraccionamiento a los supuestos citados (no, quizá, para la de los pagos fraccionados del IS), ha sido la urgencia de consolidar las finanzas públicas (reconocida en el propio texto del real decreto-ley), el detonante de su aprobación. De no haber existido la presión de las autoridades europeas para la reducción del déficit público -el famoso ajuste presupuestario de 5.500 millones de euros-, las citadas necesidades técnicas (reales y correctas), probablemente hubieran sido orilladas.

Las modificaciones resultan aplicables a las solicitudes que se formulen a partir de 1 de enero de 2017.

ACTUALIZACIÓN Instrucción 1/2017 de la Directora del Departamenteo de Recaudación de la AEAT de fecha 18-01-2017

Finalmente los autónomos sí podrán aplazar sus deudas fiscales en este 2017 que acaba de comenzar. Después de semanas de negociación entre colectivos de autónomos y Gobierno para impedir el endurecimiento de los aplazamientos de deuda fiscal el resultado ha sido positivo y el ejecutivo ha dado marcha atrás.

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente una instrucción que precisa el Real Decreto del pasado diciembre sobre el régimen de aplazamientos y facilita que autónomos y pymes continúen fraccionando y aplazando, durante 12 meses en el caso de los primeros y 6 meses en los segundos, y sin aval aquellas deudas tributarias, que no superen los 30.000 euros, con excepción de las retenciones del Impuesto de la Renta de los trabajadores del autónomo y los pagos fraccionados de Sociedades. Esta instrucción reestablece exactamente el sistema anterior de aplazamientos con la única diferencia del límite de plazos.

Aunque la nota informativa sobre la instrucción que ha publicado Hacienda no hace expresa referencia a pymes se espera que esta semana se informe de una nueva instrucción técnica que las incluya sin dejar lugar a a duda de su aplicación sobre las pymes.

La decisión supone un gran alivio para autónomos y pymes que en diciembre veían truncada la posibilidad de aplazar los pagos fiscales ante la falta de liquidez. La medida llega antes del término del mes de enero, momento en que vence la última liquidación del IVA correspondiente a 2016.

Hace 2 meses nos despertamos con el riesgo de cancelación de las Ligas de Peñas, que afectaba a unos 3.000 jugadores de la ciudad de A Coruña a causa de la modificación normativa del artículo 22 de la Ley 3/2012 del deporte de Galicia.

Tras el susto inicial, algunas ligas de A Coruña reanudaron su actividad con aparente normalidad. Pues bien, todas estas ligas se encuentran a día de hoy al margen de la legalidad, debido principalmente a la falta de diligencia de sus responsables organizativos.

La Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas con fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2016, establece en su artículo 23.1 Asistencia sanitaria en los eventos deportivos: Se modifica el párrafo cuarto del artículo 22 de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, que queda redactado como sigue:

• «El título de inscripción y participación en estos eventos debe indicar el régimen de derechos y deberes y las condiciones que se deben cumplir para la participación. El organizador deberá contemplar necesariamente la asistencia sanitaria de los participantes en el evento, para el supuesto de accidente deportivo, mediante la suscripción del correspondiente seguro».

Es notoria la intención del legislador de equiparar los eventos deportivos no oficiales a las competiciones oficiales desarrolladas dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia en cuanto a garantías para con todos los participantes, obligando por ende a los organizadores de dichos eventos a la contratación de un seguro de accidentes deportivo. De este modo los participantes en cualquier evento deportivo tendrían las mismas coberturas que los deportistas federados en cuanto a asistencia por accidente. La Xunta de manera indirecta además liberará con ello al SERGAS de cuantiosos gastos sanitarios.

Recalcamos que esta relevante modificación normativa entró en vigor el 1 de enero de 2016, y no es hasta 9 meses después los responsables de la organización de las Ligas de Peñas se percatan de ello. Las prisas por iniciar las competiciones no son buenas consejeras. Quizás un mal asesoramiento jurídico al respecto o quizás la temeridad más absoluta, ¿quién lo sabe?, los organizadores responderán.

Entendemos que para cumplir lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 3/2012 del deporte de Galicia, los organizadores de los eventos deben contratar seguros colectivos de accidentes deportivos con gastos sanitarios ILIMITADOS, atendiendo a la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, que en su artículo 59.2, establece que todos los deportistas federados que participaran en competiciones oficiales de ámbito estatal deberían estar en posesión de un seguro obligatorio que cubriera los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

Pero no fue hasta 1993 cuando se delimitaron las prestaciones mínimas de este seguro, a través del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio por el que se determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo:

• 1.º Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes ocurridos en el territorio nacional, SIN LÍMITES DE GASTOS, y con un límite temporal de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente.
• 2.º Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, SIN LÍMITES DE GASTOS, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
• 3.º Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en su totalidad, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
• 4.º Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la fecha del accidente.

Analizamos ahora la situación de algunas Ligas de A Coruña.

Ante las preguntas de cómo proceder en caso de accidente, algunos organizadores responden con auténticos despropósitos. Actualmente el jugador tiene varias opciones, ninguna de ellas aconsejable:

• 1.- Acudir a un centro médico privado, se le prestará asistencia sanitaria abonando el accidentado la factura correspondiente. Una vez abonada (excepto la Galicia F7 Cup), reclamará a la aseguradora el importe, teniendo en cuenta que la cuantía que supere el límite contratado correrá a cargo del jugador, ocasionándole un grave perjuicio económico en caso de accidente grave.
• 2.-Acudir al SERGAS y manifestar que no es un siniestro producido en el evento deportivo, sino que es un accidente derivado de una “pachanga entre amigos”. Para más inri, si es necesario el traslado en ambulancia, el jugador debe sacarse la camiseta del equipo, para que el fraude pueda llevarse a cabo sin levantar sospechas.
• 3.- Acudir el lunes con normalidad a su puesto de trabajo y fingir un accidente laboral para que la empresa y la Mutua de AT y EP se hagan cargo del coste de la asistencia y tratamiento.

Fuentes especializadas del sector nos indican que existe una póliza ajustada a derecho garantizando las coberturas mínimas estipuladas en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo y consiguiente cumplimiento del artículo 22 de la Ley 3/2012 del deporte de Galicia. Puede contratarse a través de la Correduría de Seguros NB21 desde su oficina en A Coruña, con una prima por jugador de 45€/año.

¿Cuál es el precio que tiene que pagar un deportista para no convertirse en un delincuente defraudando al SERGAS? La respuesta es clara y meridiana, menos de 1€ por partido disputado.

Es por todo lo expuesto, que el ejecutivo del PP con Alberto Núñez Feijoo a la cabeza debería clarificar la intención del legislador en el supuesto de que quieran establecer distinciones entre participantes en eventos deportivos regulados y deportistas federados en cuanto a cobertura sanitaria, en cuyo caso los seguros con garantía limitada serían válidos, o bien paralizar de inmediato las competiciones e iniciar el pertinente expediente sancionador a los organizadores por infracción muy grave con multas de hasta 60.000€ (artículo 116 apartado g, y art. 121 de la Ley 3/2012).

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia debe actuar de inmediato para evitar un fraude masivo al SERGAS.